La okupación, un problema sin soluciones eficaces
REPORTAJE
Las cifras de Fuenlabrada son preocupantes: es el municipio de Madrid
con más casos
Alicia Calvo y Agustina Gómez
La palabra okupar no apareció registrada en ninguna de las 22 primeras ediciones del Diccionario de la lengua española. Solo la última, del 2014, la recoge con esta grafía, que refleja una voluntad de transgresión de las normas, como el movimiento okupa. Y nos ofrece la diferencia principal con la "ocupación": la falta de consentimiento del propietario.
Como en muchas ocasiones, la lengua nos ofrece un reflejo de la realidad. Al observar la evolución del término vemos el agravamiento del fenómeno que se produjo en los primeros años del siglo XXI y que sigue profundizándose, cada vez con una voluntad de transgresión mayor, y siempre sin consentimiento de nadie. El problema de la vivienda en España es un tema de punzante actualidad.
El artículo 47 de la Constitución Española dice que "todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada", pero el derecho no siempre se cumple. La crisis inmobiliaria de 2008 dejó a miles de españoles sin hogar por desahucios y ejecuciones hipotecarias, que se mantuvieron en alza hasta 2014, según datos de diversos organismos. Dejó a miles de españoles sin su derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.
En respuesta, surgieron multitud de asociaciones y plataformas. Una de ellas es la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que creó un manual de okupación de nombre La SAREB es nuestra, hoy en día inaccesible, dado que todos los enlaces conducen a una curiosa página de reseñas turísticas de una lejana isla de Japón. Se fue desarrollando también cierta ideología okupa, vinculada al movimiento anarquista, que entiende la ocupación ilegal como un grito de lucha contra el sistema económico capitalista que obliga a pagar por la vivienda.
Los desahucios han disminuido progresivamente desde 2014, pero la okupación no. Según datos del Institut Cerdá, en 2017 había unas 87.500 familias okupando viviendas en España, una cifra equivalente a 262.500 personas, población que supera a la de Fuenlabrada (202.297).
Fuenlabrada, el municipio con más viviendas okupadas
En Madrid, los distritos y municipios del Sur son los más afectados por este fenómeno. Usera es el distrito con mayor tasa de okupación y Fuenlabrada la ciudad con más viviendas okupadas: 210 en 2018.
El tipo de locales que se habitan ilegalmente son en su mayoría apartamentos vacíos de las entidades bancarias o de fondos de inversión. En Fuenlabrada se han registrado viviendas okupadas en la zona de Las Provincias y la calle Móstoles, donde casualmente está el Centro de Servicios Sociales.
La Oficina de Okupaciones de la Policía Nacional estima que el 75% de las casas okupadas están en manos de mafias, que subarrendan las viviendas a personas que creen alquilarlas legalmente, o chantajean a los propietarios exigiéndoles un pago a cambio de devolverles la casa okupada. Esas mismas organizaciones utilizan las viviendas de las que se apropian como base para otros negocios ilegales como tráfico de drogas, prostitución o cultivo de cannabis, agravando el impacto negativo en la comunidad. El Institut Cerdá señala que la ocupación ilegal ha trascendido a las personas en riesgo de pobreza y exclusión social y relaciona el incremento con la proliferación de estas mafias.
Estas cifras preocupan a la portavoz de Ciudadanos Fuenlabrada, Patricia de Frutos, que ha llamado a la acción al gobierno de la ciudad en múltiples ocasiones, pues los "vecinos padecen problemas de convivencia en sus comunidades plagados de amenazas y desfalcos económicos".
El alcalde, Javier Ayala, también se ha mostrado en contra de la "ocupación que se está realizando ahora, no tanto de gente necesitada, sino de gente que está haciendo negocio a través de la ocupación de esas viviendas". Sostiene que a nivel municipal no tienen competencias en la materia, pero sí han puesto en marcha "los servicios sociales en aquellos lugares en los que se ha producido 'okupación' y a la policía municipal para crear expedientes que se tramitan en el juzgado para realizar 'desokupaciones'".
Cómo protegerse frente a okupas
De acuerdo con VPS, empresa que ofrece servicios antiokupa, estos procesos de desokupación han sido hasta ahora "demasiado largos, costosos y complejos, con la suspensión de muchos casos por distintos motivos". La ley de desahucio exprés (Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil) pretende poner fin a esto.
Esta norma permite a los propietarios acudir a un juicio civil para recuperar sus viviendas con menos costes y en un periodo de tiempo más corto. Es un método más rápido y eficaz que el anterior, en el que era necesario llamar a la policía y abrir una vía penal que conducía a procesos largos e ineficaces. La nueva ley protege a los propietarios de la vivienda y a las Administraciones públicas, pero no a las entidades financieras ni privadas. Se aplica también a los casos de okupaciones por mafias, aunque suelen ser más complicados y lentos.
Antes de que entrara en vigor la nueva ley, era común que los propietarios tuvieran que terminar pagando al okupa para que abandonara la propiedad. Y, cuando ni la ley ni el dinero funcionaban, se hacía necesario recurrir a otros medios. En los últimos años han proliferado los negocios de "desokupas", boxeadores, ex agentes penitenciarios, porteros... que garantizan el desalojo de la vivienda en pocos días. Este tipo de servicios están al filo de la ley: a veces colaboran con jueces y policías, otras incurren en delitos como allanamiento de morada o coacciones.
La empresa Fueraokupas trabaja intermediando entre propietarios y okupas: estos son invitados a abandonar la vivienda y, si no lo hacen, la empresa establece un control de acceso para impedirles que vuelvan a entrar a la vivienda. Jorge, su gerente, nos comenta por teléfono:
Nosotros siempre trabajamos de forma pacífica. Pero eso no significa que siempre nos reciban bien
Dicen que no son héroes ni hacen el trabajo de la policía; pero su equipo de vigilantes está compuesto por atletas de élite "con una disciplina férrea que los hace esenciales en un trabajo en el que deben tener la cabeza fría".
Los recursos a disposición de los ciudadanos parecen abundantes, pero no son suficientes para evitar las okupaciones. Junto a ello, la existencia de zonas y viviendas más desprotegidas, la situación económica de los ocupantes, la escasa oferta del parque de viviendas en alquiler, los elevados precios de las grandes ciudades, la tasa de desempleo, la exclusión social, la inexistencia de alguna alternativa habitacional y, ahora, la perspectiva de lucro, son los motivos principales que empujan a la okupación.
La necesidad urgente de una solución
La okupación no es ilegal porque sí: trae consecuencias negativas para todos los implicados. La convivencia en las zonas ocupadas se vuelve difícil por el incremento de la ansiedad, el estrés, la inseguridad, la actividad económica fuera de la ley y el impacto sobre los negocios del área afectada.
Según la PAH, el 90% de las okupaciones son realizadas por familias habitualmente jóvenes y en situación precaria como el desempleo o con salarios muy bajos que se enfrentan a situaciones de ansiedad y estrés, pues "tienen muchas dificultades para acceder a los suministros básicos. Se enfrentan a procesos judiciales que pueden acabar con multas cuantiosas y antecedentes penales. Y, evidentemente, se enfrentan a un desahucio inmediato y un futuro más que incierto".
Además de en las propiedades, la okupación entraña un alto precio en la sociedad, puesto que aumenta la estigmatización y el riesgo de exclusión social. En estas zonas, la convivencia también se deteriora notablemente. Los ocupantes ilegales no se implican en la gestión de la comunidad, no participan en el mantenimiento y limpieza de espacios comunes, ni contribuyen al pago de los gastos comunitarios. Esto genera descontento que puede derivar en conflictos. Por otro lado, este mal ambiente hace que los vecinos que sí tienen medios decidan mudarse, dejando más viviendas vacías y susceptibles a la okupación. Fuenlabrada se enfrenta a todos estos riesgos.
Para las autoridades y administraciones, la ocupación ilegal conlleva grandes gastos en gestión de la vivienda pública y empleo de servicios sociales como mediadores, policía, limpieza... Según el portal inmobiliario idealista, las propiedades okupadas ven reducido su valor en un 40-60%, lo cual también termina perjudicando al barrio y a los vecinos.
Gobiernos, organizaciones, servicios sociales, actores individuales, deben unir sus fuerzas para acabar con este problema, que merma las relaciones sociales y la imagen de las zonas afectadas, e intentar buscar soluciones que protejan a los que lo necesitan y expulsen a los que se aprovechan de los espacios vulnerables.